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La Asamblea Diocesana del Vicariato
Apostólico de San Miguel de Sucumbíos, reunida el día 8 de junio de 2012, ante
la propuesta del Presidente de Colombia de reiniciar las fumigaciones en el
cordón fronterizo, resuelve denunciar y
poner en conocimiento del señor Presidente de la República D. Rafael Correa
Delgado, de todas las autoridades políticas
competentes de la Provincia, de la
ciudadanía de Sucumbíos y de Ecuador, lo que sigue:
La situación de miedo y pánico que se está
generando en el cordón fronterizo ante la amenaza del reinicio de las
fumigaciones como forma de acabar con los cultivos ilícitos.
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La
inadecuada respuesta política frente a los cultivos ilícitos, puesto que las
fumigaciones van en perjuicio del medio ambiente, la paz social y la integridad
de personas y comunidades.
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La
situación de vulnerabilidad en la que permanecen las personas que viven en
frontera, a quienes se les somete a continuos y nuevos riesgos y violencia por
la confluencia de distintas situaciones: la permanente guerra interna del país
vecino y las consecuencias colaterales para la población civil, la
incomunicación, las migraciones forzosas, el desabastecimiento y la pérdida de
la producción campesina.
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Las
fumigaciones no entienden de cultivos lícitos e ilícitos, sino que arrasan con
todo.
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Los
damnificados de las fumigaciones del 2000-2005 no han recibido hasta la fecha
reparación alguna, ni se han asumido las consecuencias por parte de los poderes
públicos que implicarían indemnizaciones a las víctimas de malformaciones
físicas y alteraciones psicológicas,
pérdidas de cultivos y contaminación de las aguas que abastecen
poblaciones y comunidades de las riberas de los ríos.
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Los
10 km. que se establecen en el acuerdo binacional, no garantizan la protección
frente a las fumigaciones puesto que la contaminación del aire es
transfronteriza.
Exigimos una actuación
inmediata:
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Que
las fumigaciones no se den nunca más y que el control y destrucción de cultivos
ilícitos se den por otros medios como se hizo anteriormente, y que no impliquen
o pongan en riesgo a poblaciones, comunidades y medio ambiente.
- Que
las autoridades políticas de ambos países lleguen a acuerdos bilaterales que
garanticen la paz social, los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.
- Que
las autoridades políticas nacionales exijan a quien compete que de manera
inmediata se indemnice a las víctimas de las anteriores fumigaciones.
Declaramos:
- Que
nuestra denuncia no pretende de ninguna manera interferir en las políticas del
estado colombiano. Sin embargo, desde nuestra opción pastoral y compromiso
cristiano, no podemos callar nuestra voz y permitir que sean vulnerados los
derechos de nuestros hermanos y hermanas.
